El Estado mexicano como autoridad garante debe generar mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores que de manera enunciativa y no limitativa se mencionan: Igualdad, participación, cuidados, autorrealización, dignidad, acceso a la justicia, calidad de vida y visión prospectiva.